La deuda pública y privada reduce el espacio fiscal para que los gobierno puedan garantizar la máxima cantidad de recursos para la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, así como el desarrollo sostenible. Durante décadas, las condicionalidades (incluidas las medidas de austeridad) han mermado la capacidad de los Estados para garantizar los sistemas de salud y educación, así como los mecanismos de protección social. Se ha demostrado que los shocks económicos vinculados a la deuda incrementan la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, porque se reduce la capacidad de gasto social y las mujeres amortizan esos impactos.