Derechos humanos, igualdad de género, bienestar, justicia socioeconómica y ambiental

Promover la interrelación y progresividad de los derechos humanos de todas las personas en un ambiente sano, con bienes públicos globales accesibles respetando los límites del planeta. Las desigualdades estructurales y el comportamiento ambientalmente destructivo no son elecciones naturales, sino políticas. Nuestro bienestar humano y del planeta a largo plazo sigue estando condicionado a las transformaciones sistémicas para la justicia socioecológica y financiera: en la forma en que producimos y consumimos, en la forma en que se estructuran la economía global, y la división global y sexual del trabajo.

La dimensión de Igualdad de Género

Ningún país o región por sí sola puede enfrentar las crisis multidimensionales actuales: COVID-19, sanitaria, financiera, económica, de deuda, humanitaria, ambiental y del multilateralismo. Estos desafíos han exacerbado y profundizado las desigualdades, evidenciando ahora más que nunca desafíos estructurales que deben ser abordados urgentemente. Las mujeres han estado subsidiando la economía global entera dada la división sexual del trabajo; mediante el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Situación que se ha acentuado durante la pandemia de COVID-19, con un número desproporcionado de mujeres que realizan labores de cuidado subsidiando las economías nacionales. Las respuestas a la crisis del COVID-19 han desencadenado un retroceso en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y enfatizando sus condiciones precarias, más acentuadas en los casos de discriminación multidimensional.

La igualdad de género y el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres son más importantes que nunca. La interconexión en un mundo globalizado hace que surjan desafíos macro que deben abordarse en ese mismo nivel, de modo que las soluciones en el nivel meso y micro tengan las condiciones óptimas para prosperar. Además, sin soluciones macro, los esfuerzos a nivel local, nacional y regional pueden no ser suficientes para alcanzar el nivel de sostenibilidad necesario para cumplir las promesas de un proceso de desarrollo sostenible en el que nadie se quede atrás y en el que exista rendición de cuentas y redistribución en el caso de quienes están muy adelante.

Es preciso destacar que el punto de entrada macroeconómico a la agenda de igualdad de género se refiere al subsidio de la economía global derivado del trabajo doméstico no remunerado y del trabajo de cuidado que recae en las mujeres. Ninguna actividad aislada, sectorial o de empoderamiento será suficiente si esta agenda no se integra adecuadamente al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. El reconocimiento del valor generado por las mujeres y las comunidades en la forma de trabajo no remunerado debe llevar a políticas públicas integrales sobre el uso del tiempo y la división sexual del trabajo, pero también a cuestionar la lógica extractivista de los recursos naturales y que la economía ortodoxa tiene sobre el medio ambiente y el llamado trabajo “reproductivo”.

Al distinguir entre trabajo remunerado y no remunerado, es más fácil ampliar el análisis al trabajo precario en la dimensión informal del trabajo, así como al trabajo formal. La precarización de los sectores de trabajo tras la entrada de las mujeres a los sectores que previamente eran dominados por la presencia de hombres es un fenómeno que afecta no sólo a las mujeres, sino también a los hombres empleados en esos sectores: no hay igualación hacia estándares más altos, sino más bajos. La economía circular a nivel local debe estar vinculada a procesos más amplios que requieren democratización, como los sistemas alimentarios, el fortalecimiento de los sindicatos y el establecimiento de las condiciones para los pisos protección social universal. Un cambio en los sistemas legales, una promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, de la capacidad institucional y la coordinación, así como para facilitar una participación de abajo hacia arriba de los actores relevantes.

El “derecho al cuidado”, un derecho reconocido en la región de ALC en el Consenso de Montevideo, necesita ser reconocido ampliamente, enfatizando el derecho al cuidado, así como los derechos de las personas cuidadoras, y la responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, las comunidades, familias, hombres y mujeres. Esto significa desarrollar la infraestructura, las políticas públicas y las normas, así como un cambio en el uso del tiempo, para que esta transformación pueda ocurrir. Evidentemente, estas medidas ponen en el centro los derechos de las infancias, las personas con discapacidad, las enfermas crónicas, las personas adultas mayores y otras que requieren cuidados, sin antagonizar con los derechos humanos de las mujeres (porque hasta el momento las mujeres han sido vistas solo como cuidadoras, sin que se reconozcan sus derechos).

Para abordar esta agenda se necesitan medidas articulada. Promover un enfoque macroeconómico de igualdad de género implica cambiar la prioridad de intercambio de flujos financieros y de bienes a una economía que coloca en el centro a las personas y su bienestar, en toda la diversidad de la vida humana y a lo largo del ciclo de vida. Esto permitiría impulsar medidas diferenciadas para cada grupo de población de acuerdo con sus necesidades e intereses.