Asegurar la democratización de la gobernanza económica global, reconociendo el derecho de todos los países de estar en la mesa de toma de decisiones, y no solo el de aquellos que concentran poder o recursos. Una nueva gobernanza global debería promover la soberanía económica nacional y responsabilidades comunes pero diferenciadas sobre los bienes comunes globales. En todos los niveles de la toma de decisiones, debe mejorarse y garantizarse la participación significativa de los titulares de derechos.